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Integrantes de la Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación se solidarizan con José Luís Urbano tras el atentado del que fue víctima
 Los integrantes y colaboradores de la Asociación Civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación” nos hacemos solidarios con el Presidente de nuestra organización, señor José Luís Urbano, al haber sufrido un cobarde atentado que puso en peligro su vida.
Estamos plenamente convencidos que la causa del triste suceso ha sido la férrea lucha que nuestra asociación ha librado en contra de las bandas delictivas que controlan la educación pública en el estado Anzoátegui, las cuales excluyen, atropellan y humillan a niños, niñas y jóvenes, cuya única culpa es la de provenir de familias humildes que no poseen dinero suficiente para sufragar pagos arbitrarios impuestos por directores de colegios y maestros.
La corrupción en el área educativa abunda en todo el país y el estado Anzoátegui no es la excepción, aquí podemos encontrar funcionarios públicos incompetentes, indolentes, incapaces, criminales y delincuentes que avalan y participan en hechos dolosos, tal como aquellos que dirigen el sector educativo en la entidad. Aquí todos nos conocemos y sabemos, no de ahora, de lo que pueden ser capaces los “mercenarios de la educación”. Estamos convencidos que las autoridades judiciales con la ayuda divina lograrán esclarecer este caso y establecer responsabilidades materiales e intelectuales.
Es bien simplista pensar que con un atentado se logrará silenciar nuestra organización, porque no se dan cuenta que no es sólo es José Luís Urbano, somos todos sus integrantes y colaboradores y peor aún, es un pueblo a quien hemos venido despertando conciencia en torno a la gravísima crisis educativa que se padece en el estado Anzoátegui.
Exhortamos al Ministro de Educación, Adán Chávez, Al Fiscal General de la República, Dr. Isaías Rodríguez, al Defensor del Pueblo Germán Mundaraín y a todos a quienes competa el caso hacer un exhaustivo seguimiento a la investigación en torno a mencionado suceso.
La justicia se impondrá y nosotros continuaremos trabajando, no con la misma intensidad, sino con mucha mayor fuerza y ahínco, sin importar las amenazas y los cobardes atentados, porque nos crecemos ante las dificultades y porque estamos destinados a ser una institución de referencia obligatoria para aquellos a quienes se les coarta el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Los funcionarios públicos cesarán de sus funciones pero las instituciones como la nuestra prevalecerán porque se fundan en la humanidad y el clamor social. Que nos digan los delincuentes que planifican atentados: Cómo podrán contra el pueblo.
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