Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación

Según relato de su esposa, quien también trabaja en la organización, el viernes 9 de febrero a las 10 de la mañana la asociación ofreció una rueda de prensa para denunciar la situación de los llamados planes emergentes. Se trata de un plan gubernamental, que según la denuncia, alberga a 38.840 niños en el estado Anzoátegui, que asisten a clases a sitos no convencionales, como casas, ranchos, al aire libre. Son niños en extrema pobreza, cuyas maestras no han terminado el bachillerato y a los cuales no les llega el Programa PAE, ni útiles escolares, entre otros beneficios. La organización lleva tiempo denunciando ésta y otras situaciones irregulares en colegios públicos del país, tales como el cobro de comisión por matriculación.

A las 8 de la noche de ese viernes recibieron una llamada anónima de amenaza al celular. Pero fue el sábado en la tarde cuando iban ambos en su vehículo, una Mitsubishi negra, que fueron interceptados por un carro del que se bajaron dos sujetos, uno introdujo una pistola por la ventana y el otro lo identificó, y aunque José Luis Urbano logró agarrar el cañón de la pistola, el disparo de su agresor impactó igualmente en su abdomen.

Debido a esta herida por arma de fuego fue operado de emergencia y tuvieron que extraerle 5 cms del intestino grueso. Actualmente se encuentra en estado delicado pero fuera de peligro. Gracias a diligencias de la Defensoría del Pueblo del estado Anzoátegui goza de una medida de protección que la cumple la policía del municipio Sotillo. Actualmente el Foro por la Vida y organizaciones como PROVEA están estudiando el caso y buscando las asesorías necesarias para evaluar la petición de medidas de protección en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, pues se teme un nuevo atentado

Ante hechos como estos, las autoridades regionales y nacionales deben activar todos los mecanismos de protección, más si el Gobernador de ese estado, Tarek William Saab, quien lamentablemente tambien podría verse afectado por las denuncias de la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación, fue durante mucho tiempo activista de Derechos Humanos.

Más allá de las filias o fobias políticas, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional e internacional vigente que establece la protección a los defensores de Derechos Humanos, debe otorgársele a José Luis Urbano la debida protección de su vida, así como de su familia y miembros de la organización que preside.

Tomado del Blog del Centro Gumilla- Sic Semanal- Eduardo Soto Parra:

http://sicsemanal.wordpress.com/2007/02/15/atentado-contra-defensor-del-derecho-a-la-educacion/