Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación

En una carta dirigida hoy 16.02.07 al gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, expresó alarma por la situación de José Luís Urbano, defensor de derechos humanos, quien ha sido objeto de amenazas y de atentado con arma de fuego, hechos que aparecen vinculados a su trabajo previo como Presidente de la Asociación Civil Pro-Defensa del Derecho a la Educación, y en los que según denuncia de la víctima, pudiera estar implicada la responsabilidad de autoridades públicas del Estado Anzoátegui.

En una actividad pública del viernes 09, un día antes del atentado, José Luís Urbano y el Defensor Delegado del Pueblo invitaban a las empresas públicas y privadas y a la comunidad en general a una jornada de “Radio Maratón” para la recolección de útiles escolares a favor de los niños que estudian en el Plan Emergente Bolivariano.

Defensores deben ser protegidos por las autoridades
El Foro por la Vida recordó en su carta que “los instrumentos internacionales protegen la actividad de los defensores de derechos humanos, en este sentido, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, contenida en la Resolución 53/144 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1999, en su artículo 12.2 establece que “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona ... frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”. Una Declaración equivalente existe en el marco de la OEA, contenida en Resolución de la Asamblea General 56/163, del 20 de febrero de 2002”.

“Así mismo, el trabajo de los defensores de derechos humanos en general, y el de José Luís Urbano y la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación, tiene por objeto movilizar a las autoridades públicas en favor de los grupos de personas afectados. Lo que se espera de las autoridades públicas es que reconozcan la situación real de las personas afectadas, y que se comprometan a mejorarla y a cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia”.

Finalmente dice el Foro por la Vida en su carta al gobernador de Anzoátegui que resulta “absolutamente repudiable la práctica de amenazas y atentados para tratar de acallar las denuncias de los defensores de derechos humanos sobre posible ineficiencia de la gestión pública. Las diferencias políticas o de cualquier orden que las autoridades públicas puedan tener con el trabajo de las organizaciones deben resolverse por medios legales. Estos hechos deben ser investigados y se debe determinar si existe vinculación entre los mismos y las autoridades señaladas en las denuncias previas efectuadas por la víctima”.

“Las organizaciones del Foro por la Vida respaldamos el trabajo de los defensores de derechos humanos de la Asociación Civil Pro Defensa del Derecho a la Educación en Anzoátegui, y concretamente el de José Luís Urbano; solicitamos se investigue los hechos y se identifique y exija responsabilidad a sus autores materiales e intelectuales; solicitamos el cese de amenazas y atentados contra el trabajo de estos defensores del derecho a la educación; y solicitamos se tomen medidas precisas para garantizar su integridad física y moral, y la de su familia, así como el desempeño de la misión de las Asociación Civil Pro Defensa”.

Tomado del sitio web del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)-16/02/2007
http://www.derechos.org.ve/noticias/index.php?m=02&y=07&entry=entry070216-134609