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Historia de José Luís Urbano y la creación de la Asociación Civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación” (ACPDE)

El señor José Urbano, como anualmente lo hacía, se dirigió al colegio Luís Beltrán Prieto Figueroa, ubicado en el sector “Villas Olímpicas” de la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, a tratar de inscribir a su hija que había sido promovida al noveno grado de bachillerato. Urbano sostuvo una conversación con la Directora del mencionado plantel educativo, de nombre Yesneida Delgado, con la finalidad de ser exonerado del pago de inscripción, concepto por el cual canceló 30 mil bolívares en el año 2004 y por el que se le estaba exigiendo la cantidad de 40 mil bolívares para el momento de los sucesos que narramos (año 2005). Durante el proceso de inscripción pudo observar las humillaciones a las que fueron sometidos humildes padres, madres y representantes de los estudiantes por no tener dinero suficiente para cancelar la matrícula que era exigida.
Para el momento de los acontecimientos, José Luís Urbano se encontraba desempleado y pese a manifestarle esto a la Directora del colegio Luís Beltrán Prieto Figueroa, ésta dijo no importarle esa situación y estar autorizada para dicho cobro por una Directora Regional de Educación. Similar situación ocurrió con la esposa de Urbano quién trató de conversar sobre el asunto con la mencionada Directora y fue maltratada y humillada por esta.
Ante la situación ya expuesta, Urbano y su esposa se dirigieron a la Zona Educativa del estado Anzoátegui para tratar de consignar una denuncia sobre lo sucedido, pero no fueron atendidos. Posteriormente, asistieron a la Defensoría del Pueblo, despacho en el cual mediaron por los esposos Urbano para que en la Zona Educativa regional los recibieran y elaboraran un informe con el cual acudieron nuevamente al plantel educativo a solicitar la exoneración del pago.
Al enterarse la Directora Delgado sobre lo sucedido, se molestó y de mala manera los obligó a cancelar 10 mil bolívares por la inscripción, alegando que no podía exonerarlos completamente del pago. Peor aún fueron las muy airadas amenazas que recibieron los esposos Urbano por haber formulado la denuncia. Yesneida Delgado, supuestamente, les habría dicho en un tono retador que “no se le iban a olvidar sus caras…”
Posteriormente comenzaron las represalias hacia la hija de los esposos Urbano, a quien en un par de oportunidades, al parecer, la Directora Delgado, le habría infundido maltrato psicológico al manifestarle, entre otras cosas, que iba a lograr que a su padre lo apresaran por haber formulado denuncias en su contra.
Debido a los constantes abusos de los cuales era víctima su hija, Urbano decidió dirigirse a la Defensoría Escolar del CEDNA, y a otras instituciones encargadas de este tipo de casos pero no tuvo una respuesta satisfactoria ya que alegaron que la Directora Delgado estaba “protegida” por la Directora de Educación del estado Anzoátegui.
En vista de que las agresiones en contra de su hija persistían y de las amenazas que recibió la familia de José Luís Urbano de parte de una secretaria de la institución educativa, éste formuló la denuncia ante los cuerpos de seguridad, los cuales obligaron a la Directora del colegio y la secretaria antes mencionada a mantenerse alejadas de la familia de Urbano.
La lucha de Urbano posteriormente se centró en denunciar todo lo sucedido ante el Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas, en la Asamblea Nacional (donde no obtuvo respuesta), en la Presidencia de la república y en la Fiscalía General (donde tampoco respondieron a su reclamo).
En la actualidad la Directora en cuestión continúa ejerciendo su cargo y con su actitud amenazante hacia aquellos padres, representantes y jóvenes estudiantes que no puedan cancelar las cuotas que impone.
En tanto, junto a un importante grupo de personas, José Luís Urbano, creó la Asociación Civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación”, la cual lucha contra los atropellos que reciben los estudiantes, sus padres y representantes al no poder cancelar matrículas y pagos a inescrupulosas personas que se lucran grosera e ilícitamente de la educación pública.

La asociación civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación” fue creada a mediados del año 2006 a raíz de los atropellos en contra de padres y representantes que debido a sus bajas condiciones económicas no poseían el dinero suficiente para cancelar la cuota correspondiente a matrícula o inscripción de sus representados en algunos colegios y liceos públicos venezolanos, la cual es cobrada por bajo el concepto de “colaboración”, argucia utilizadas los Directores (as) de los mencionados centros educativos para justificar un dicho cobro. De igual forma, se exigían constantemente colaboraciones económicas obligatorias. El no poder cumplir con estas exigencias ocasiona la deserción de escolar de niños y jóvenes que no poseen los recursos suficientes para cumplir con estas.
En el año 1999, el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, derogó por medio de un decreto los cobros de matrículas en las instituciones públicas. Independientemente de ello, estas instituciones educativas continuaron cobrando la matrícula, bajo la figura de las ya mencionadas “colaboraciones”. Se mantenían en silencio las condiciones de infraestructura de las escuelas y liceos, para así justificar dicho cobro.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 102 y 103 establece la educación como un derecho fundamental, social, democrático, gratuito y obligatorio, sin más limitaciones que las que presente cada individuo.
Otro argumento que emplean las instituciones para obligar a los padres y representantes a aportar dinero por: “colaboraciones”, es el supuesto no recibimiento de los recursos operativos necesarios, de parte de las zonas educativas de cada región; estas últimas, responsables de tales asuntos.
Un grupo de padres y representantes que fueron víctimas de los atropellos antes citados tomaron la decisión de agruparse como una asociación civil sin fines de lucro, de nombre: “Pro-Defensa del Derecho a la Educación”, para velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones legales, en apoyo a otras víctimas de atropellos y abusos en materia educativa. De igual forma, se busca promover todo aquello que beneficie y contribuya a la formación y educación de los ciudadanos venezolanos, enmarcados dentro del revolucionario concepto social que se está gestando en Venezuela. En el año 2007. "Pro-Defensa del Derecho a la Educación" pasa de ser "Asociación Civil" para convertirse en "Fundación".

Denuncian cobro de matrícula escolar

Querido y apreciado compatriota
Guillermo García Ponce.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con motivo de hacerle eco de una denuncia de una institución pública (Escuela) Dr. Luís B. Prieto Figueroa, cuya directora es Yesneida Delgado. Mi señora, Gladis Paraguán, C.I. N° 13.710.460, denunció un cobro de matrícula en la escuela antes mencionada, lo cual viola el decreto presidencia de prohibición de cobro de matrícula. A raíz de esta denuncia, esta señora ha sido perseguida y amenazada y lo peor de todos se tomó represalias en contra de la menor Luz María Mudarra, quien desertó escolarmente a causa los maltratos psicológicos de parte de la directora. Llevé la denuncia ante los organismos competentes en mi Estado Anzoátegui, como lo son: Zona Educativa, Cedna, Lopna y no la tomaron en cuenta. En vista de todo esto acudí a instancia a Nivel Nacional, palacio de Miraflores (Atención al Ciudadano) y todavía no se ha hecho justicia en este caso. La directora sigue en su cargo cada día más amenazante. En nombre de mi familia y el mío propio y de las personas que están en contra del cobro de matrícula, que se dé a conocer esta situación por su prestigioso periódico a ver si algún ente nacional pueda hacer justicia. Anexo envío copias de este caso.

Atentamente

José Luís Urbano
C.I. N° 8.259.123
C/Junín, Sector II, La Ponderosa, Bna., Edo. Anzoátegui.

Respuesta: El cobro de matrícula en las escuelas públicas está terminantemente prohibido. Los organismos jurisdiccionales de Anzoátegui deben tomar las acciones correspondientes para que no se repitan hechos como éste.

GGP

Artículo tomado del diario "VEA". Caracas, sábado 22 de abril de 2006