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Son 24 los niños que asisten a una de las escuelas no convencionales, ubicada en la calle Maturín del barrio Brisas de El Viñedo, de Barcelona
 Diariamente estos menores acuden a la “institución educativa” que fue construida sólo con láminas de zinc y equipada con sillas y mesas de madera o plásticas, en la que alumnos reciben clases, mientras con sus pequeños pies juegan con la tierra del piso.
En un pequeño pizarrón, la facilitadora escribe la actividad del día y los niños en diminutas hojas realizan las tareas. A veces tienen que batallar contra la lluvia, en otras ocasiones la lucha es contra el calor.
Un rancho, un local o simplemente un pequeño espacio, tal vez prestado por algunos de los habitantes de la zona, se convierte en la sede de cualquiera de los 16 colegios que funcionan en la popular zona de El Viñedo.
De acuerdo a José Urbina, presidente de la Asociación Civil Prodefensa al Derecho de la Educación, estas Escuelas No Convencionales que forman parte del Plan Emergente Educativo Bolivariano, emprendido por el gobierno nacional, en pocas ocasiones reciben recursos y el poco equipamiento es efectuado por empresas privadas. Urbina aseguró que las reglas implantadas a nivel central para el funcionamiento de estos “colegios”, no se cumplen a cabalidad en el estado.
Los facilitadores son obligados a callar las condiciones en las que deben impartir las clases y una muestra de ello fue el cierre de dos escuelas en El Viñedo, luego de que sus encargadas se atrevieran a hablar de la situación, dejando de esta forma a la deriva a aproximadamente 40 niños.
Según Urbina, en toda la región existen 326 escuelas de este tipo a las que asisten un total de 38 mil 400 niños. Algunas de éstas corren con la suerte de contar con pupitres, grandes pizarrones, desafortunadamente otras sólo cuentan con un diminuto espacio, localizado a pocos metros de zonas cubiertas de basura, con bloques como asientos y un latón como pizarra.
Urbano explicó que a estas escuelas asisten los niños de padres de escasos recursos, que no poseen la solvencia económica para enviarlos a colegios públicos, donde muchas veces exigen una matrícula de inscripción, un listado de útiles escolares y el aporte en bolívares para la reparación de la infraestructura. Considera que por ser pobres, no deben ser excluidos ni menospreciados.
Artículo tomado del diario "El Nuevo Día". Autor(a): S.P.P.. Puerto La Cruz-Venezuela, 10 de enero de 2007
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