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Historia de la creación de la Asociación Civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación” (ACPDE)

El señor José Urbano, como anualmente lo hacía, se dirigió al colegio Luís Beltrán Prieto Figueroa, ubicado en el sector “Villas Olímpicas” de la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, a tratar de inscribir a su hija que había sido promovida al noveno grado de bachillerato. Urbano sostuvo una conversación con la Directora del mencionado plantel educativo, de nombre Yesneida Delgado, con la finalidad de ser exonerado del pago de inscripción, concepto por el cual canceló 30 mil bolívares en el año 2004 y por el que se le estaba exigiendo la cantidad de 40 mil bolívares para el momento de los sucesos que narramos (año 2005). Durante el proceso de inscripción pudo observar las humillaciones a las que fueron sometidos humildes padres, madres y representantes de los estudiantes por no tener dinero suficiente para cancelar la matrícula que era exigida.
Para el momento de los acontecimientos, José Luís Urbano se encontraba desempleado y pese a manifestarle esto a la Directora del colegio Luís Beltrán Prieto Figueroa, ésta dijo no importarle esa situación y estar autorizada para dicho cobro por una Directora Regional de Educación. Similar situación ocurrió con la esposa de Urbano quién trató de conversar sobre el asunto con la mencionada Directora y fue maltratada y humillada por esta.
Ante la situación ya expuesta, Urbano y su esposa se dirigieron a la Zona Educativa del estado Anzoátegui para tratar de consignar una denuncia sobre lo sucedido, pero no fueron atendidos. Posteriormente, asistieron a la Defensoría del Pueblo, despacho en el cual mediaron por los esposos Urbano para que en la Zona Educativa regional los recibieran y elaboraran un informe con el cual acudieron nuevamente al plantel educativo a solicitar la exoneración del pago.
Al enterarse la Directora Delgado sobre lo sucedido, se molestó y de mala manera los obligó a cancelar 10 mil bolívares por la inscripción, alegando que no podía exonerarlos completamente del pago. Peor aún fueron las muy airadas amenazas que recibieron los esposos Urbano por haber formulado la denuncia. Yesneida Delgado, supuestamente, les habría dicho en un tono retador que “no se le iban a olvidar sus caras…”
Posteriormente comenzaron las represalias hacia la hija de los esposos Urbano, a quien en un par de oportunidades, al parecer, la Directora Delgado, le habría infundido maltrato psicológico al manifestarle, entre otras cosas, que iba a lograr que a su padre lo apresaran por haber formulado denuncias en su contra.
Debido a los constantes abusos de los cuales era víctima su hija, Urbano decidió dirigirse a la Defensoría Escolar del CEDNA, y a otras instituciones encargadas de este tipo de casos pero no tuvo una respuesta satisfactoria ya que alegaron que la Directora Delgado estaba “protegida” por la Directora de Educación del estado Anzoátegui.
En vista de que las agresiones en contra de su hija persistían y de las amenazas que recibió la familia de José Luís Urbano de parte de una secretaria de la institución educativa, éste formuló la denuncia ante los cuerpos de seguridad, los cuales obligaron a la Directora del colegio y la secretaria antes mencionada a mantenerse alejadas de la familia de Urbano.
La lucha de Urbano posteriormente se centró en denunciar todo lo sucedido ante el Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas, en la Asamblea Nacional (donde no obtuvo respuesta), en la Presidencia de la república y en la Fiscalía General (donde tampoco respondieron a su reclamo).
En la actualidad la Directora en cuestión continúa ejerciendo su cargo y con su actitud amenazante hacia aquellos padres, representantes y jóvenes estudiantes que no puedan cancelar las cuotas que impone.
En tanto, junto a un importante grupo de personas, José Luís Urbano, creó la Asociación Civil “Pro-Defensa del Derecho a la Educación”, la cual lucha contra los atropellos que reciben los estudiantes, sus padres y representantes al no poder cancelar matrículas y pagos a inescrupulosas personas que se lucran grosera e ilícitamente de la educación pública.